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México le pide a las navieras lo que siempre evitan: que el dinero del crucerista toque tierra
Cozumel recibió en una sola semana de agosto 16 cruceros con más de 65.000 pasajeros. Los números son espectaculares sobre papel, pero la pregunta incómoda de la industria lleva años sin respuesta satisfactoria: ¿cuánto de ese dinero se queda en la economía local? En agosto de 2025, la Secretaría de Turismo del gobierno de Claudia Sheinbaum convocó a la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) a una reunión específica para abordar exactamente esa pregunta y negociar fórmulas concretas para que la derrama de los cruceristas impacte de verdad en las comunidades de destino.
El fondo del problema es estructural. Las grandes navieras han construido durante décadas un modelo de negocio que incentiva el consumo a bordo —desde los paquetes de bebidas hasta las excursiones gestionadas por la propia línea— y que minimiza la necesidad de que el pasajero abra la billetera en tierra. Un crucerista promedio gasta entre 60 y 90 dólares en destino por escala, frente a los 150-200 que gasta un turista convencional por día. La diferencia no es marginal: multiplíquese por 65.000 pasajeros a la semana en Cozumel y el impacto acumulado en la economía local es enorme en comparación con lo que podría ser.
Las propuestas que circulan en la industria incluyen acuerdos de comisión más favorables para operadores locales certificados, zonas de actividades gestionadas conjuntamente entre navieras y municipios, y revisión de los acuerdos de exclusividad que en algunos puertos limitan a los pasajeros a contratar excursiones únicamente con proveedores autorizados por la naviera. En Cozumel, la campaña ciudadana de agosto contra la construcción del nuevo muelle de Royal Caribbean —donde ambientalistas y grupos locales se enfrentaron al gigante americano por el impacto en los arrecifes— es la expresión más visible de una tensión que va más allá de la ecología: es también una disputa por quién controla el negocio turístico en tierra.
Para las agencias receptivas y operadoras locales que trabajan los puertos de Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta y Mazatlán, la negociación entre SECTUR y la FCCA es probablemente la más importante del sector en años. Si logra materializarse en acuerdos vinculantes —certificación de guías independientes, plataformas de comercialización conjuntas, distribución más equitativa de los contratos de excursión—, podría redistribuir una parte significativa de los ingresos que hoy se quedan a la sombra del puente de mando.
