Los incentivos turísticos en Panamá tendrán marco legal propio. El presidente José Raúl Mulino anunció el 23 de julio que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con beneficios fiscales para las grandes inversiones en zonas con poca oferta hotelera o sin desarrollo turístico.
«Estamos lanzando una ley, pronto, pronto, de incentivos turísticos, pero una ley seria, no de partidas millonarias discrecionales», dijo Mulino durante la inauguración del estadio Armando Dely Valdés, en Colón. La aclaración apunta a diferenciar el instrumento de los esquemas de aportes directos que rigieron antes.
El mandatario mencionó el interés de empresarios dominicanos y europeos por desarrollar proyectos en la Costa Arriba de Colón, un litoral caribeño con playa y sin planta hotelera de escala.
El anuncio llega sobre cifras en alza. Según la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el país recibió 999.934 visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026, un 17,3% más que un año antes, con más de 2.000 millones de balboas circulando en la economía. La misma entidad calcula una estadía promedio de ocho días y un gasto de 2.051 dólares por visitante, unos 256 diarios.
El turismo de reuniones aporta lo suyo: 38 eventos internacionales en el trimestre, más de 15.000 participantes extranjeros, 55.000 cuartos-noche de hotel y más de 20 millones de dólares en ingresos, según el balance de la ATP. Para el año completo hay 86 eventos confirmados que proyectan más de 58.000 visitantes, entre ellos el World of Coffee y el congreso mundial de la ICCA.
Lo que falta es cuarto de hotel fuera de la capital y de Bocas del Toro. Panamá crece en llegadas apoyado en la conectividad de Tocumen y en Ciudad de Panamá como plaza de negocios y de escala; el Caribe panameño, en cambio, se sigue vendiendo casi solo como excursión de un día. Un régimen fiscal que haga viable construir allí es la condición previa a que aparezca inventario contratable, y mientras ese inventario no exista, Costa Arriba seguirá siendo un traslado y no una estadía.
El texto todavía no entró a la Asamblea. Hasta conocer los porcentajes de exoneración, los plazos y las zonas exactas, no hay forma de dimensionar cuánta oferta nueva puede movilizar.
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